Las concesiones de obra para construir centros sanitarios

Que mejor que en el día de Navidad que observar con detenimiento los nuevos regalos, una vez que ya ha pasado la emoción de su recibimiento y la fiesta de la noche anterior.
Así pues mi propuesta para el día de hoy es entender y reflexionar sobre los últimos regalos que hemos recibido en el Sistema Madrileño de Salud: los nuevos hospitales, y más concretamente, en el modelo que la administración sanitaria ha elegido para su construcción y posterior utilización.

En primer lugar, la elección de la financiación privada para las inversiones en el sector público no es una novedad, sino que responde a la búsqueda de la sostenibilidad del NHS siendo introducida por el gobierno británico a partir de 1992 para construir y renovar hospitales y determinados servicios sanitarios, en los denominados "Private Finance Initiative". En esta fórmula administrativa empresas privadas (constructoras y empresas de servicios) promueven y financian la construcción de centros sanitarios para el sistema público de salud. Los consorcios privados redactan los proyectos técnicos, dirigen las obras, construyen las infraestructuras y edificios, suministran e instalan el equipamiento de los mismos y ponen en marcha y mantienen los inmuebles. A cambio, la administración se reserva la gestión de los servicios asistenciales y paga un canon anual a las empresas por la utilización de los centros sanitarios durante el tiempo estipulado en el contrato de concesión administrativa, que osciló en los primeros contratos en torno a los 30 años.
Resumiendo, el servicio sanitario presta y controla los servicios asistenciales, contratando con las empresas privadas no sólo la construcción de estos centros sanitarios sino también los servicios no sanitarios, es decir, mantenimiento, limpieza, seguridad, catering, hosteleria, servicios auxiliares, logística, gestión de la documentación y administración de los centros.

Las ventajas para el sistema sanitario se pueden resumir en que esta concesión administrativa:
- reduce el tiempo de construcción de los nuevos centros sanitarios evitando demoras en la disponibilidad y funcionamiento de los nuevos servicios asistenciales
- garantiza la entrega de la obra en el tiempo estipulado, ya que el contratista no cobra hasta que ésta no tenga lugar
- evita las desviaciones en el presupuesto de construcción y equipamiento de los centros, ya que el presupuesto de la obra es cerrado y figura en el contrato
- al sector privado se le presupone mayor habilidad en la dirección de proyectos de esta magnitud; su capacidad de innovación y la especialización a medio plazo en el sector sanitario puede mejorar los resultados obtenidos
- existe transferencia de riesgos a las empresas concesionarias en forma de penalizaciones por incuplimiento del contrato (por ejemplo, para la finalización de la obra y puesta en funcionamiento del centro en el tiempo acordado)

A la vez, elegir estas fórmulas administrativas puede suponer los siguientes inconvenientes para la administración pública ya que:
- se condiciona su capacidad de inversión y los presupuestos sanitarios en el futuro próximo, puesto que estos contratos inciden en el gasto sanitario público; se sustituyen grandes desembolsos de dinero por pagos periódicos más reducidos durante varios años
- la falta de especialización del sector privado en el ámbito sanitario puede repercutir en una peor calidad de las infraestructuras construidas, así como en problemas de gestión de los servicios no sanitarios más específicos (por ejemplo, gestión del archivo)
- ante la posibilidad de que el riesgo asumido por estas empresas se materialice en una quiebra económica de las mismas, y dada la naturaleza universal del sistema sanitario español, tendría que asumir los gastos para reflotar a un centro sanitario en bancarrota antes que dejar sin asistencia sanitaria a parte de la población

Para finalizar, tenemos argumentos a favor y en contra de este tipo de concesiones. La experiencia en el Reino Unido ya tiene resultados mientras que en nuestro país es todavía muy pronto para avanzar el impacto que esta iniciativa pueda tener en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.